lunes, 26 de junio de 2017

LA NUEVA AMENAZA SOBRE DOÑANA La apuesta por el extractivismo en Andalucía como modelo insostenible de desarrollo

Por desgracia Doñana es noticia por el terrible incendio declarado el pasado sábado que ha afectado al parque natural. Pero el fuego no es la única amenaza a la que se enfrenta Doñana, en este artículo de nuestro nuevo boletín podemos ver los distintos proyectos que pueden acabar con este Espacio Natural.



“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”. En esta división internacional a Andalucía le ha tocado perder. No son causas naturales las que le han adjudicado a nuestra tierra el papel de perdedora, son las políticas que han sido aplicadas desde dentro y desde fuera de nuestra comunidad las que han adjudicado dichos papeles. Como en Latinoamérica, en Andalucía, tras casi dos siglos de extractivismo, nuestras venas siguen abiertas y sangrando.
Desde los gobiernos de la Junta de Andalucía se ha apostado por un modelo productivo, basado, primero en el turismo masivo que para poder ser competitivo en un mercado global necesita una mano de obra barata, cuando no explotada, el apoyo de los procesos de gentrificación de nuestros núcleos urbanos para deshumanizarlos y poner-los al servicio del turismo global y la destrucción de nuestras costas con un urbanismo insostenible. En segundo lugar  por una agricultura intensiva basada en un mercado de distribución controlado por un oligopolio que para poder maximizar los márgenes y los beneficios necesita usar una mano de obra casi medio esclava que ha convertido el trabajo a destajo en algo habitual y por último un extractivismo, no ya típico del modelo del siglo pasado, sino del propio siglo XIX, donde las multinacionales extranjeras vienen a nuestra tierra a explotar  nues-tros recursos a costa de nuestro medio ambiente, nuestra salud y bienestar.
Pero ¿qué entendemos por extractivismo? En su sentido estricto, lo podemos definir como la apropiación de grandes volúmenes de recursos mineros y energéticos, mediante proce-sos intensivos, por ejemplo megaminas a cielo abierto o procesos de extracción de gas no convencionales, dedicándose gran parte de los recursos a la exportación y sacrificando el medio ambiente, todo ello a cambio de los beneficios del Capital e implicando una subor-dinación a la globalización internacional, como bien ha señalado el ecólogo uruguayo Eduardo Gudynas.
A principios de esta década los gobiernos del PSOE-A apostaron por la explotación de todos los recursos minerales y energéticos del subsuelo de Andalucía, apuesta que se ha visto impulsada con el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Dicho acuerdo ha conllevado la aprobación un plan minero que ha sacado a subasta centenas de cuadrículas mineras para su investigación y su posterior posible explotación. También se ha apostado por la reapertura de la mina de Aznalcollar (Sevilla), en un procedimiento de adjudicación que se encuentra bajo sospecha,que está siendo investigado por la justicia yque además ha acarreado la imputación de la Directora General de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. La beneficiaria de la adjudicación es una empresaacusada penalmente y denunciada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y labora-les de México por sus constantes violaciones a los derechos de los trabajadores, de las comunidades y de la salud de las personas.
A principios de esta década sufrimos un boom de proyectos de investigación de hidrocarburos tanto en el subsuelo terrestre como en el marino en todo el Estado Español. Anda-lucía no ha sido ajena a este proceso cuando los precios del petróleo superaban los 100$ por barril y a la ola de la técnica no convencional del fracking que hacía furor en los Estados Unidos. Ejemplos de esos proyectos no faltan en Andalucía, desde el PENÉLOPE y PENÉLOPE ESTE en la provincia de Sevilla, LOLA en Córdoba, ULISES en la provincia de Jaén o SIROCO en la Costa de Málaga, todos o impulsados desde el gobierno andaluz o con su beneplácito implícito.
Ahora la Junta de Andalucía de la mano de la Dirección Provincial de Industria, Energía y Minas vuelve a la carga con el extractivismo con la concesión de un nuevo proyecto de investigación de recursos mineros, el proyecto SALOMÉ, en los términos sevillanos de Gerena, Sanlúcar la Mayor y Olivares, afectando de lleno al río Guadiamar, el río de la vida de Doñana. La zona del río Guadiamar afectada por dicho proyecto de investigación de recursos mineros posiblemente sea la de mayor valor ecológico, situado aguas arribas del tramo afectado por la rotura de la balsa del Aznalcollar en 1998. El tramo de río afectado fue declarado mediante el decreto 1/2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Zona Especial Conservación. Las Zonas de Especial Conservación (ZEC) son designadas por la Comisión Europea a partir de una propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) elaborados por los Estados miembros a partir de los criterios establecidos en la Directiva Hábitats al poseer especies animales o vegetales amenazados o representativos de un determinado ecosistema.
La beneficiaria del proyecto de investigación SALOMÉ es la multinacional Cobre las Cruces, participada en su totalidad por la CanadienseFrist Quantum, quién también explota a pocos kilómetros, entre los municipios sevillanos de Gerena, Salteras y Olivares una de las mayores minas a cielo abierto de mineral de cobre en Europa. Cobre las Cruces carga a sus espaldas ya un largo historial de accidentes y condenas judiciales, entre las que podemos citar la reciente del pasado mes de septiembre mediante la cual tres ex directivos de la empresa minera fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla por incumplir sistemáticamente las autorizaciones, sobre-explotando y contaminando con arsénico el acuífero Niebla–Posadas, que atraviesa la mina y que entonces abastecía de agua potable a la población de Gerena. Pese a la condena, Cobre las Cruces ha seguido sobre-explotando el acuífero Niebla-Posadas y por ello el pasado mes de mayo el Juzgado de Instrucción nº3 de Sevilla ha decido ampliar la instrucción sobre el abuso del acuífero. Todo esto no se podría haber ejecutado sin el aval político del gobierno de Manuel Chaves y posteriormente del gobierno de Susana Díaz, como si no explicar que tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo de anulación de la resolución de reactivación de la actividad minera en el 2009 siga explotando la mina. Es a este tipo de empresas poderosas a las que se les permite explotar nuestro subsuelo, llevarse nuestros recursos, dañar gravemente nuestro medio ambiente e hipotecar nuestro futuro.
No todo vale para justificar la creación de empleo, tampoco poner nuestro entorno natural a los pies de los caballos. Es un discurso recurrente en todo el espectro político, desde la derecha, hasta la izquierda tradicional incluso en algunas de las nuevas fuerzas emergentes. La realidad es que dichos proyectos mineros tienden a crear “islas aisladas de riqueza” que no transcienden a sus zonas de influencia. Gerena, el municipio sevillano más afecta-do por el mega-proyecto de Cobre las Cruces y el futuro proyecto SALOMÉ mantiene tasas de desempleo registrado en torno al 30% de su población pese a contar con dichos proyectos. Además, parte del empleo generado es a través del sistema de la subcontratación de prestaciones y servicios, que conlleva una vuelta de tuerca más en la precarización de los puestos de trabajo. Existen alternativas para la creación de empleos estables y medio ambientalmente sostenibles y recursos económicos para ello. Cobre las Cruces ha recibido más de 53 millones en ayudas públicas para su instalación, con todos esos millones se podría haber financiado un plan de empleo sostenible medioambiental para toda la comarca y hacer frente a su desempleo crónico.
Urge la movilización, aún estamos a tiempo de parar dichos proyectos. Ha habido intentos de organización de movimientos ciudadanos y vecinales, la lucha, incluso medioambiental, es el único camino.

David Robles

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